La Guardia Nacional intentó apresar al secretario ejecutivo de Sintraferrominera, Rubén González, este martes en una manifestación. En la tarde, en Ciudad Piar, hubo un enfrentamiento entre trabajadores y militares. Así se cumple el octavo día de una huelga para reclamar beneficios que adeuda la gestión de Isaías Chourio, quien, por cierto, se ha negado a reunirse con la representación de los ferromineros. En suma, otro capítulo de amedrentamiento a la masa laboral guayanesa por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Ya se cumple una semana desde que los trabajadores de Ferrominera Orinoco empezaron la protesta de brazos caídos para presionar a la presidencia el cumplimiento de una seguidilla de exigencias: aprobación de la hoja de cálculo, mejoras en vacaciones y utilidades y la cancelación de 300 mil bolívares como bono único para los trabajadores.
La respuesta ha estado a tono con lo que ha ocurrido más de una vez en las empresas de Guayana. Como ocurrió, por ejemplo, en Sidor en 2008: un cerco al sindicato. Militarismo en la calle.
"Queremos que la presidencia de la empresa tome conciencia,
más allá de diferencias políticas e ideológicas Si no lo hacemos así,
somos insensatos”, expuso Rubén González.
Es esa la escena que domina ahora el entorno de la estatal del hierro: la Guardia Nacional está desplegada en el portón, el sindicato tiene el acceso restringido, un tribunal prohibió la protesta y el presidente, Isaías Chourio, se niega a dialogar con los representantes de los trabajadores. Es decir, con Sintraferrominera.
Un grupo de militares, según contaron los empleados, intentó llevarse al secretario general del sindicato, Rubén González, en la mañana de este martes. En la tarde, en la sede de la compañía en Ciudad Piar, hubo enfrentamientos entre militares y civiles.
“Fue en el portón: guardia y trabajadores. Hasta donde sabemos, ahorita (6:00 de la tarde del martes) están en el cruce de Santa Bárbara. También están esperando porque parece que pidieron unos convoyes porque quieren ir hasta la mina para sacar amedrentados a los trabajadores de allí”, explicó el mismo González por vía telefónica.
Democráticamente amenazados
La represión a la manifestación no ha sido lo único. Este martes, a siete trabajadores de Puerto Ordaz y a cinco de Ciudad Piar les entregaron calificaciones de despido.
onzález no desestima los riesgos, pero insiste en que desistir de ella implica desistir de la consecución de los beneficios que les corresponden.
“Queremos que la presidencia de la empresa tome conciencia, más allá de diferencias políticas e ideológicas Si no lo hacemos así, somos insensatos”, expuso.
Los afectados, mientras tanto, está concentrados en la parte externa de la empresa. Según insisten, allí permanecerán hasta que haya diálogo y, por tanto, soluciones.
Uno de ellos, José Rodríguez, dice: “a pesar de que hay una orden del tribunal con esa medida (del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, del Circuito Judicial Laboral del estado Bolívar, que prohíbe protestas de brazos caídos y operaciones morrocoy) que no nos permite entrar al área, permanecemos en pie de lucha. Es lo que sabemos hacer”.
Pretensión ¿obrerista?
Rodríguez mantiene una teoría: lo que busca la empresa es atacar a la junta directiva de Sintraferrominera. “Por eso es que no quieren dialogar”.
Pero González insiste en el diálogo, a pesar de los “92 guardias y de los cinco convoyes que tiene el gobierno obrerista de Nicolás Maduro en la empresa”, según detalló Roger Salazar, miembro del comité ejecutivo de Sintraferrominera.
“Parece que les dieron una orden políticamente: lo que quieren es eliminar el sindicato. Pero nosotros somos los genuinos dirigentes sindicales electos por las bases. Somos la junta directiva que representa a los trabajadores”, remató González. Así se cumple una semana de huelga.
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